El juez Garzón cita ahora como imputados a los directores de GARA y «Euskaldunon Egunkaria».
Información publicada en GARA el 15 de enero de 2002.

El juez Garzón cita ahora como imputados a los directores de GARA y «Euskaldunon Egunkaria»

Los directores de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, y de GARA, Mertxe Aizpurua, han sido citados en la Audiencia Nacional española para declarar nuevamente sobre la entrevista a ETA que ambos medios publicaron el 7 de junio de 2001 y que la Fiscalía relaciona con un atentado posterior contra un edil de UPN. Aizpurua y Otamendi ya acudieron como testigos ante el juez Baltasar Garzón, que rechazó la pretensión del fiscal de que fueran interrogados como imputados. Sin embargo, el viernes el instructor les volverá a tomar declaración, en esta ocasión como imputados por varios delitos de «terrorismo».F. FERNANDEZ | DONOSTIA

El intento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española de criminalizar a GARA y "Euskaldunon Egunkaria" por publicar una entrevista a ETA tendrá un nuevo capítulo esta semana. El juez Baltasar Garzón ha decidido que los directores de ambos diarios, Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, declaren el viernes como imputados de los delitos de «inducción al asesinato terrorista, amenazas y colaboración con banda armada».

Paradójicamente, en un primer momento el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 desestimó la pretensión del fiscal cuando éste presentó su querella en junio de 2001 ­en la que no se incluía el delito de «inducción»­, y se limitó a tomarles testimonio. Garzón sólo admitió la querella respecto a «personas desconocidas», en referencia a las dos miembros de ETA que, en las imágenes que acompañaban al reportaje, aparecían con los rostros cubiertos.

Es más, cuando Otamendi y Aizpurua comparecieron ante la Audiencia Nacional, el 15 de junio, el fiscal no les planteó ni una sola pregunta, mientras que el juez no puso ninguna objeción a los periodistas por acogerse al secreto profesional para no revelar las fuentes reservadas utilizadas para realizar la entrevista.

Garzón actuó siguiendo la jurisprudencia establecida por los tribunales españoles en casos similares. El mismo juez fue quien archivó en 1999 una denuncia por la emisión en ETB de una entrevista con ETA, basándose en que «prevalece el derecho a difundir la información por encima de una interpretación amplia del concepto de apología».

Ante esta situación, la mayoría de las fuerzas políticas vascas, así como del Ejecutivo de Lakua, rechazaron la actuación de la Fiscalía, aunque desde distintos puntos de vista. Muchos medios informativos de Euskal Herria mostraron su solidaridad con los dos directores.

Por su parte, Otamendi subrayó que «es habitual en todo el mundo que los medios realicen entrevistas con agentes en los conflictos armados», y Aizpurua destacó que «no hay precedentes en Europa de un actuación como la de la Fiscalía española». Declaraciones que realizaron a las puertas de la Audiencia Nacional, donde defendieron el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, la Fiscalía que dirige Eduardo Fungairiño no sólo recurrió la decisión del instructor, sino que además amplió su querella tras la muerte del edil de UPN de Leitza José Javier Múgica en el atentado ocurrido el 14 de julio de 2001.

Precisamente, las citaciones para el jueves son dobles, ya que ambos directores serán interrogados por el sumario abierto tras aquel atentado y por las diligencias sobre la querella de la Fiscalía. Esta basa su acusación en una pregunta realizada durante la comentada entrevista, en la que se aludía de forma retórica a los ediles de UPN. La pregunta en cuestión estaba formulada así: «Por poner un ejemplo, si un grupo de concejales de UPN hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traigan a Euskal Herria a los presos de Nafarroa, ¿eso supondría que dejarían de ser objetivo de ETA?». La Fiscalía obvia que los representantes de UPN fueron objetivo de ETA en ocasiones anteriores o que, incluso, el edil de Iruñea Tomás Caballero fue muerto en atentado el 6 de mayo de 1998.

Al no ver satisfechas sus demandas en primera instancia, ya que Garzón rechazó el recurso de reforma, la Fiscalía mantuvo su posición y recurrió en amparo a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que tomó su resolución hace unos meses. Este tribunal no decretó la imputación de los directores de GARA y "Euskaldunon Egunkaria", y se limitó a indicar al instructor que debía continuar las investigaciones, ya que la querella sí fue admitida en lo concerniente a las imputaciones contra las «personas desconocidas».

Si bien esa decisión se atiene a la lógica judicial, ya que aún no se ha determinado quiénes son los miembros de ETA que hicieron aquellas declaraciones, lo sorprendente es la medida adoptada por el mismo juez que hace poco más de seis meses no observó ningún indicio de delito en la realización y difusión de la entrevista.

Durante todo este procedimiento, los dos periodistas ahora imputados no han sido «parte personada» en la instrucción, lo que implica que no se les había notificado ninguna resolución, salvo la de su primera citación. En esta ocasión, Aizpurua y Otamendi declararán con asistencia letrada, al contrario de lo que ocurrió el pasado mes de junio.